Un rayo de esperanza: Alonso manifiesta su intención de mantener puestos para 1.400 mineros en el suroccidente
Según ha informado la Agencia Modem Pres, el Grupo Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico), que mantiene a casi toda su plantilla bajo expedientes de regulación de empleo o bien de extinción, comunicó al Ministerio de Industria su intención de mantener el conjunto de sus explotaciones a cielo abierto a partir de 2014 e, incluso, más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha a partir de la cual las minas de carbón no recibirán subvenciones públicas.
El holding minero de Victorino Alonso pretende mantener en el futuro “una producción en el entorno de los dos millones de toneladas”. Para este año el grupo tiene asignada una producción de 2,29 millones. Aseguran que quieren mantener “una plantilla de 1.400 trabajadores, incluyendo las subcontratas”.
Los responsables del grupo, con el propio Victorino Alonso a la cabeza, trasladaron ayer estas directrices al director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez, y al gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), Juan Miguel Benítez, con quienes se reunieron en Madrid.
El Ministerio de Industria, en la reunión que mantuvo recientemente con sindicatos y empresarios, entregó una hoja de ruta hasta finales de 2013 en la que marcaba que las unidades de producción deberían de circunscribirse a tres supuestos: cerrar antes del 31 de diciembre de 2014; continuar con su actividad hasta 2018, contando con contratos de suministro con las eléctricas o, más allá de esa fecha, con la condición de mantener contratos de suministro a largo plazo con las térmicas y teniendo que devolver las ayudas públicas recibidas desde 2011.
“Nosotros hemos dicho a Industria que nuestra intención es seguir produciendo carbón, manteniendo abiertas todas nuestras explotaciones a cielo abierto y de interior, como es el caso de las minas de Cerredo (Degaña) y Pilotuerto (Tineo). Las inversiones en las explotaciones están hechas y tendremos que reducir los costes marginales”, explicó tras la reunión el apoderado de Uminsa, Gerardo Biaín. Para ello, el grupo considera que es “vital” cobrar las ayudas retenidas del año 2012, que ascienden a 49 millones, y “llegar a un acuerdo con los trabajadores, además de solucionar el tema de los contratos con las eléctricas”. Del mismo modo las empresas pidieron no tener que devolver las ayudas para poder seguir operando más allá de 2018.
