Ministración, ministración, ministracion
Volvemos con las normas y el papeleo administrativo que, sin razón alguna que lo justifique, salvo con la digamos razón menos razonable jamás ideada por los dichosos “protocolos administrativos”, tanto daño están haciendo al sistema y la población
Escuchen ustedes: En Asturias se han aprobado 419 normas de media al año entre 1995 y 2020. Sin embargo, llama la atención el hecho de que Asturias genera un volumen superior en esta creación de normas al País Vasco o Madrid, regiones más potentes demográfica y económicamente que la nuestra. Las CC AA con un mayor promedio anual son Andalucía y Cataluña. La complejidad de la regulación española tiene implicaciones negativas para la economía y la sociedad. Los estudios sostienen que se están produciendo varios efectos distorsionadores a escala sectorial: la intensidad de la mano de obra es notablemente menor y las tasas de inversión disminuyen como respuesta al aumento de regulación. Además, una normativa más compleja impone una carga que las empresas pequeñas y con menos experiencia están menos capacitadas para manejar.
En este maremágnum legislativo, las CC AA han empezado a tratar de simplificar su Administración. Hace poco, el Gobierno de Cantabria presentó el anteproyecto Ley sobre simplificación administrativa. Nuestros vecinos prometen transformar la manera en que ciudadanos y empresas interactúan con la Administración autonómica y local. La ley propone una modernización que abarcará la reducción de trámites, la introducción de nuevas tecnologías y métodos de gestión, implementar el principio de silencio administrativo positivo, usar declaraciones responsables en lugar de licencias y autorizaciones, incorporar el principio de unidad de mercado, pagos a través de aplicaciones como Bizum, etc. ¿Les suena esta música? Dicen que quieren pasar de una Administración controladora y paternalista a una facilitadora. Dicen.
De momento todo ello es más una declaración de intenciones que otra cosa. Los que en ello están tendrán enfrente a la mastodóntica maquinaria administrativa y a quienes la manejan y justifican celosos de sus privilegios administrativos que no más. Si realmente lo consiguen, sería para darles la medalla de oro a lo que fuere.
Estamos presenciando una carrera entre las CC AA para simplificar y racionalizar sus administraciones. Hace un mes, la Generalitat Valenciana aprobó su ley de simplificación administrativa, que reducirá la burocracia al eliminar o modificar 74 normas y más de 500 artículos vigentes, identificados con la participación del sector empresarial, colegios profesionales, ayuntamientos y ciudadanos. Y lo han hecho también Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. El Principado aprobó a finales de 2021 la Ley de medidas administrativas urgentes y cuenta con una comisión asesora de simplificación administrativa desde 2017. Esta ley se hizo para «suprimir las trabas administrativas» (palabras de Juan Cofiño) en ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y protección del patrimonio. También para reducir la tramitación y agilizar los fondos europeos en el Principado, que con las cosas del comer no se juega. Pasamos de «disparar con pólvora del rey» a disparar con fondos europeos.
El Principado iba tímidamente en la cabeza de la carrera por la reducción administrativa, pero nos han adelantado. No sólo es que otras CC AA hayan aprobado leyes potentes, también cuentan con departamentos de simplificación administrativa en sus organigramas. Ahora nos venden la inteligencia artificial y las carpetas ciudadanas. Antes fueron los metaversos o marketplaces públicos para facilitar, en vano, los trámites burocráticos y comerciales. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo, sino que se debe poner al servicio del ciudadano.
Y en ello estamos los que desde el diario quehacer venimos sufriendo tales dislates administrativos y normativos
