Solicitan prisión para los padres que se niegan a escolarizar a sus hijos
Foto: Los padres acusados
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los progenitores de los dos niños que no los han enviado a clases por miedo al virus condenas que suman 11 meses de prisión y considera “incoherentes sus argumentos para no procurar la asistencia de los niños a sus respectivos centros escolares”.
La Fiscalía concreta los hechos de su acusación en abandono de familia y desobediencia.
La fiscalía solicita once meses de prisión
El Ministerio Fiscal sostiene que desde el inicio del curso 2020/2021 hasta la fecha, los acusados, padres de dos menores, dejaron de enviarlos a clase ” donde cursan, respectivamente, 2º de la ESO y 5º de Primaria, para recibir la educación presencial reglada”.
Dice la fiscalía que “pese a sucesivos requerimientos desde los centros escolares informándoles de las consecuencias del persistente absentismo, con activación del correspondiente protocolo, los padres se mantuvieron en su postura alegando motivos incoherentes” como “las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impiden un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje” y que “la distancia social impuesta genera
Inscribieron a sus hijos en una Escuela a distancia americana no reconocida
sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras”, así como que “la visión continuada de personas y compañeros con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones, fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal, obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado, impide una comunicación fluida, modula defectuosamente la vocalización (timbre) impidiendo la adecuada comprensión del lenguaje y, contrariamente a uno de los pilares fundamentales que se pretenden con la escolarización, potencia la individualidad frente a la colectividad”.
Los acusados inscribieron a sus hijos en una escuela a distancia, americana, a pesar de saber que no está homologada en España, y por lo tanto sin ningún reconocimiento, y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral. Incumplieron, de esta forma y de manera grave, los deberes inherentes a la patria potestad.
Pese a ser requeridos varia veces por los servicio educativos siguieron en sus trece..
