Pueden ser acusados de delitos de abandono familiar y desobediencia
FOTO.- La madre de los niños. Fotograma TPA
Cerca de dos horas permanecieron los padres de los niños no escolarizados en el interior del Juzgado de Primera Instancia de Cangas del Narcea, adonde al que acudieron a declarar en calidad de investigados como presuntos autores de los delitos de abandono familiar y desobediencia.
La madre de los menores señalaba a los medios no entender “cómo se ha llegado hasta este punto solo por intentar defender la dignidad de los menores”
También declararon los directores de los centros donde cursan sus estudios los menores, de 10 y 14 años, el CEIP Vega de Rengos y el IES de Cangas.
Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma a finales de noviembre tras requerir infructuosamente a sus progenitores la vuelta de sus hijos a las aulas, a lo que se negaron alegando miedo a la COVID-19.
Señalaban además que ellos mismos se encargaban de impartir docencia en su propia casa. Algo prohibido en nuestro país.
La jueza de Cangas deberá ahora decidir si admite o no la querella a trámite.
Los padres no entienden cómo se ha llegado hasta este punto solo por intentar defender la dignidad de los menores
Para la madre, Teresa Morales ” lo único que queremos es la salud de nustros hijos,su dognidad y defenderlos hasta elfin” que acudió al juzgado acompañada por su marido y el abogado de la pareja. La Fiscalía, con la que ha habido conexión vía telemática, ve indicios de un delito de abandono familiar y /o desobediencia después de que los niños lleven desde el inicio de curso sin acudir al aula. Señalaron considerase “una familia normal que vivimos en el concejo y nos conoce todo el mundo”.
Como testigos han declarado el director del colegio Vega de Rengos, Tito Casado, y la responsables del IES Cangas del Narcea, Elena Barrero. Ellos dieron avisos reiterados a la familia ante la acumulación de ausencias y a la Fiscalía, que tuvo conocimiento el 30 de noviembre.
En una comparecencia celebrada el 14 de diciembre, el fiscal requirió a los padres para que cumpliesen con la obligación de garantizar la escolaridad de sus hijos en un centro normalizado, recordándoles que en España no está permitida legalmente la enseñanza domiciliaria. En ese momento se les informó, además, de que el incumplimiento grave de esta obligación podría ser constitutivo de delito.
No obstante, finalizadas las vacaciones navideñas, los menores tampoco acudieron al aula.
