El exalcalde cangués J.M. Martínez condenado a un año y cinco meses de prisión
Martínez con su abogada
Los condenados habrán de abonar al Ayuntamiento 267.547,04 euros.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado al exalcalde de Cangas del Narcea, Manuel Martínez González (IU), por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a las penas de un año y cinco meses de prisión y tres de inhabilitación absoluta por certificar obras que no fueron ejecutadas. Se trata de inversiones acometidas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local; al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, y al Fondo de Cooperación Municipal del Principado de Asturias. De forma conjunta con otros funcionarios y empresarios deberá abonar 267.547,04 euros.
Entre ellas se señalan las de depuración, saneamiento y pavimentación de Fondos de Villa, las de Villar de Naviego, las de acondicionamiento y mejora del camino de Besullo y Pomar, o las de mejora de la red de distribución de Las Cuadriellas.
Amén del exalcalde, la condena afecta a ocho personas, empresarios y funcionarios municipales
Unas actuaciones ilícitas por las que muchos tuvieron que responder en un largo proceso, que culmina ahora con la condena, por parte de la Audiencia Provincial, de ocho personas. Entre ellas, el entonces alcalde José Manuel Martínez, de Izquierda Unida.
En la sentencia “se declaran hechos probados que en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se tramitaron los siguientes expedientes de ejecución de obras que eran acometidas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local; al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, y al Fondo de Cooperación Municipal del Principado de Asturias, certificándose obras como realizadas y que no fueron ejecutadas, abonándose con cargo a aquellos fondos…”.
Para el PP no había a persecución política sino realidades
En una nota de prensa emitida por el PP de Cangas del Narcea se señala que las denuncias efectuadas en su día contra el exalcalde “no eran ninguna persecución política. Todos los partidos políticos (PP, PSOE, IU) sabían lo que había sucedido y todos tuvieron una `acción´ en este procedimiento”.
Si bien el Partido Popular fue quien asumió la responsabilidad de defender los intereses públicos del dinero de todos los cangueses, “no es menos cierto que el resto de partido han acompañado la demanda realizada continuando en el procedimiento.
Explican el PP que la sentencia “condena penalmente a empresas, empleados municipales y el exalcalde por distintos meses o años de cárcel (dependiendo de la responsabilidad en cada obra) y condena civilmente a devolver a las arcas públicas del Ayuntamiento un importe que ronda los 300.000 € que se han acreditado NO ejecutados en las obras pero si que se han certificado y pagado a las empresas. Obras que, como acredita la sentencia, conocía perfectamente el ex alcalde José Manuel Martínez y en cuyos procedimientos de contratación (acreditado en sentencia) también se constataron irregularidades”.
“Hemos tenido que soportar manipulaciones, faltas de respeto e incluso anuncios públicos de falsas persecuciones porque defendíamos el interés del municipio”
El presidente cangués José Luis Fontaniella indica: “hemos tenido que soportar manipulaciones, faltas de respeto e incluso anuncios públicos de falsas persecuciones porque defendíamos el interés del municipio. Lo que nos cobran de los impuestos no puede desaparecer impunemente y los cargos políticos tenemos la obligación de ser los garantes de la mejor gestión de los recursos públicos. Desde nuestro grupo municipal solicitamos que esos fondos que han de devolverse, sean empleados en esas carreteras o cimentaciones de pueblos que no están ejecutados o que están pendientes de ejecutar. Es una pena ver el abandono existente en el municipio.”
“La causa de la inculpación del Alcalde se halla en el conocimiento que tenía de las falsedades documentales, mercantiles y oficiales”
La sentencia, que recoge la posibilidad de recurso, es muy clara en los hechos probados que, como indica “La causa de la inculpación del Alcalde se halla en el conocimiento que tenía de las falsedades documentales, mercantiles y oficiales caracterizadas en el Fundamento de Derecho Segundo y pese a lo cual dictaba las resoluciones que aprobaban las certificaciones de obra falseadas y ordenaba el pago de las mismas a sabiendas de que se desviaban los fondos púbicos hacia las sobrecostes aparentados…”
