Visto para sentencia: Prisión y 12.000 € de indemnización para Piris
FOTO:Un momento del juicio
Las defensas piden hasta tres años de prisión por varios delitos
El exarquitecto municipal de Canga del Narcea, Juan Antonio Domínguez Piris aseguró en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo que “Siempre quise defender lo público“. Las acusaciones piden para el acusado penas de hasta tres años de prisión por haber calumniado y denunciado en falso al exalcalde José Luis Fontaniella (PP) y al exconcejal de urbanismo José Ramón Puerto. Domínguez ha asegurado que denunció “de buena fe”, en la creencia de que se había producido delitos en el Ayuntamiento.
Para el fiscal Joaquín de la Riva, sin embargo, Domínguez actuó movido “por venganza”, después de que le expedientasen por informar proyectos de sus socios, motivo por el que le apartaron durante año y medio de su puesto, y le denegasen una prórroga en el mismo hasta los 70 años. “A raíz de estas resoluciones, comienza una auténtica cruzada para destruir la imagen de la Fontaniella y Puerto, atribuyéndose delitos falsos sin dudar en utilizar los medios de la administración de Justicia”, indicó De la Riva, para quien “es evidente y palmario el ánimo de venganza”.
“El acusado inició una verdadera cruzada contra Fontaniella y Puerto”
Primero denunció que le habían entrado en el despacho y le habían llevado expedientes que probaban delitos urbanísticos. Fontaniella y Puerto indicaron que “la vida del ayuntamiento tenía que seguir” sin el arquitecto municipal, y se había decidido desocupar el despacho. “Se hizo un inventario de los expedientes, se metieron en cajas y se dejaron en la Policía Local”, añadió Puerto. “Acusaba al exalcalde Cuervo (PSOE) y otras personas, alguna que ni siquiera era funcionaria, de graves delitos de cohecho y prevaricación, y también a Fontaniella y Puerto, que pasaban por allí”, indicó el Fiscal.
“Pretendía hacer una causa general, sin aportar dato, a ver si rascaba algo”
Luego denunció que Puerto presionaba a Fontaniella para que visase los proyectos de la esposa del concejal (como él, arquitecta), que en realidad eran elaborados por el edil y que los beneficios eran para la sociedad común. No solo eso. Aducía que Puerto había aprovechado sus años en la Agencia de Desarrollo Local para establecer una red de intereses y por eso le acusaba de tráfico de influencias, “algo inaudito”, indicó De la Riva. “Pretendía hacer una causa general, sin aportar dato, a ver si rascaba algo”, añadió. No contento con eso, prosiguió el fiscal, acudió a ver a la magistrada Pilar de Lara, entonces del Juzgado número 1 de Lugo e instructora de varias causas de presunta corrupción en adjudicaciones públicas. “Estamos hablando de un auténtico despropósito sin base, atribuyendo delitos que dieron lugar a instrucciones de hasta 4.000 folios”, finalizó el Fiscal, que mantuvo para el acusado dos años de prisión y 12.000 euros de multa.
“Esta querella se hizo a sabiendas de su falsedad”
La acusación particular, ejercida por las víctimas, bajo la dirección letrada de Mario Gómez Marcos, pidió tres años de prisión, al considerar que, aparte de los delitos de denuncia falsa y calumnias, concurre un tercer delito, el de falso testimonio, al haber mentido durante su declaración como testigo en el Juzgado. “No ha aportado nada, no ha concretado un solo dato, esta querella se hizo a sabiendas de su falsedad”, remarcó Gómez Marcos.
La defensa sostiene que los hechos han prescrito
La defensa, a cargo de José Carlos Botas, sostiene que los hechos han prescrito, algo que rechazan las acusaciones. Domínguez, en su declaración de esta mañana, llegó a decir que sus denuncias no eran contra nadie y que no había afirmado nada de forma tajante, sino “como posibilidad”. “Siempre dije presuntamente”, aseguró. También dijo que sus denuncias no se habían investigado siquiera, y que no se había tomado declaración a los sospechosos. Admitió que no podía detallar los delitos y que se había visto obligado a salir al paso de las críticas a su persona que salían en la prensa a raíz del argayo en la Urbanización Santa Bárbara. “Pensó que se habían cometido delitos y lo comunicó a las autoridades. No hemos escuchado en qué consistió su mala fe. Había base para considerar que la actuación del argayo merecía un reproche penal”, indicó Botas.
