SUROCCIDENTE.- Parque de Fuentes: Vuelta a empezar y sentencias de ida y vuelta
El Instrumento de Gestión Integrado aprobado en octubre de 2014 por los órganos de gestión del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias ha sido anulado en nueve sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que dan la razón a varios propietarios de terrenos de la zona. El tribunal superior asturiano ha dictado la nulidad y dejado sin efecto el Decreto por la ausencia de memoria económica que especifique los costes e instrumentos financieros para indemnizar o compensar a los propietarios perjudicados por el citado plan promovido por el Gobierno regional, atendiendo con ello a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre la materia, según ha informado la letrada Pilar Martínez.
Esta abogada, junto a los letrados Manuel Paredes y Florentino Quevedo, destaca que en los últimos días han obtenido nueve sentencias favorables en representación de la Asociación de Propietarios de Montes en Comunidad Romana (Asprocoro) y de otros titulares individuales de terrenos afectados logrando la anulación del Decreto, que aprobaba IGI de diversos espacios protegidos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias y declaraba Zona de Especial Conservación el mismo ámbito territorial.
La letrada precisa que el TSJA reconoce la falta de memoria económica, que identifique los instrumentos financieros necesarios, previsiones y partidas definidas, para, por un lado, cumplir con los fines perseguidos con la declaración de espacio natural protegido y, por otro, indemnizar y compensar a los afectados por las limitaciones de derechos previamente consolidados.
Agrega que estima que el plan de desarrollo sostenible del IGI, carece de actividades anuales, objetivos y líneas maestras de actuación, así como de previsión de inversiones destinadas a tal fin.
“La sentencia ha tenido en cuenta dos de las varias causas de nulidad alegadas y ha estimado precisamente, las que más afectan al desarrollo social y económico de la zona y constituían por ello una de las mayores preocupaciones de los afectados”, explica Martínez.
La letrada destaca, que el nuevo instrumento de gestión que se redacte “deberá contar ineludiblemente, por un lado, con una memoria económica que incluya partidas presupuestarias reales para hacer frente a las compensaciones e indemnizaciones por las restricciones que este instrumento supone para los derechos individuales previamente consolidados y, por otro lado, con un real y efectivo plan anual de inversiones para las zonas afectadas”.
La sentencia, “de gran transcendencia”, según la letrada, indica que “no hay elementos de juicio que permitan conocer si las previsiones o partidas presupuestarias permitirán cumplir los fines perseguidos con la declaración de espacio protegido”. Añade que el tribunal califica de “formalismo” y de “meras invocaciones retóricas y referencias genéricas” la Memoria Económica incluida por la Administración en el decreto anulado e incide en que ninguna de dichas partidas presupuestarias “contempla compensaciones por las limitaciones de derechos consolidados que la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión conlleva”. “Ni siquiera constituye un estudio analítico ni un instrumento que contemple las líneas maestras para las actuaciones e inversiones, al olvidarse, entre otras partidas, de la destinada a compensar las diferentes limitaciones”, recoge la sentencia.
