CANGAS DEL NARCEA.- El nuevo documento de gestión del Parque de Fuentes no convence a nadie y terminará de nuevo en los tribunales
Nadie está de acuerdo. El Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de espacios protegidos de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, lo que antes era Plan de Uso y Gestión (PRUG), no convence ni a tirios un a troyanos. Incluso ha logrado poner de acuerdo a toda la clase política canguesa, algo harto difícil en las actuales circunstancias. Todo apunta a que el nuevo IGI terminará, como el PRUG, anulado por los tribunales.
El borrador del nuevo Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de espacios protegidos de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias no satisface ni a los propietarios ni a las administraciones locales. El alcalde de Cangas, el popular José Luis Fontaniella, ha calificado el documento de “pantomima” y “tomadura de pelo” y aseguró que en la misma línea se pronuncian los regidores de Ibias y Degaña. Para el alcalde cangués, “lejos de aprender de los errores del Plan de Uso y Gestión (PRUG) -anulado por el Tribunal Supremo-, se ha vuelto a hacer lo mismo”. Cree que el documento actual es “aún más restrictivo” y apunta que, de mantenerse la postura de la consejería, “una vez se agote la vía administrativa, el Ayuntamiento no descarta continuar por la judicial”.
Para Fontaniella resulta especialmente preocupante el apartado referente a la industria extractiva, que, dice el texto, “se considera uso no permitido en el Parque Natural, incluyendo canteras y minería, tanto a cielo abierto como subterránea, y todo tipo de prospecciones mineras”. Se omite, puntualiza el alcalde, la expresión “de nueva implantación” que sí recogía el PRUG. Esto, según el regidor, “pone en peligro los puestos de trabajo en empresas como Carbonar, ya que la actividad podría quedar desamparada jurídicamente”.
El alcalde consideró el documento “una nueva vuelta de tuerca a los propietarios y al municipio” y añadió que genera “desconfianza económica, al no contar con ningún tipo de partida presupuestaria, ni para compensar a los perjudicados como recogía la sentencia, ni para llevar a cabo la promoción y el desarrollo económico de la zona, algo de lo que habla continuamente el Principado y que en los últimos años no sólo no se ha dado, sino que ha ido en claro retroceso”.
Otra de las recriminaciones del Supremo al anterior plan fue la falta de participación ciudadana, algo que según Fontaniella tampoco se está solventando: “Todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido para nada porque han seguido en la misma línea y ni una de las alegaciones que los ciudadanos y el Ayuntamiento hicimos al índice inicial hace un año han sido atendidas”.
El nuevo documento pretende unificar en un único instrumento las normas reguladoras para los distintos espacios protegidos que se solapan en la zona.
Así el IGI engloba la gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, de la Reserva Natural Integral y la Reserva de la Biosfera de Muniellos y de las Zonas de Especial Conservación: LIC y ZEPA de Fuentes del Narcea e Ibias y LIC y ZEPA de Muniellos.
El PSOE local tampoco respalda a la Consejería
El Secretario General del PSOE de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, ha anunciado que se encuentra en conversaciones con el tejido asociativo y empresarial del concejo con el objetivo de presentar alegaciones al primer borrador del Instrumento de Gestión Integrado del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Rodríguez recordó que el nuevo IGI debe estar aprobado antes de finalizar el año 2014, “pues de lo contrario Asturias perdería las subvenciones de la Unión Europea que van ligadas a estos espacios”.
Rodríguez ha manifestado que el IGI publicado es un primer borrador, sobre el que caben alegaciones y que su contenido responde de manera literal a lo que marca la Directiva Europea y la propia Ley del Parque. “Y a partir de este momento es cuando caben alegaciones. Y ya anuncio que “desde el PSOE de Cangas alegaremos en el sentido de dejar un margen de estudio para que se posibilite la existencia de una parcela para permitir la explotación de minería a cielo abierto”, manifestó Rodríguez.
Para el líder de los socialistas de Cangas, “no hay que olvidar que esta situación a la que se enfrenta CARBONAR es consecuencia, entre otras razones, del recorte de subvenciones públicas del Gobierno de España del PP a la producción minera”. Rodríguez recordó que mientras que se había pactado con Europa una reducción de las ayudas para la producción del 15%, los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, los primeros que hizo el PP en el Gobierno de España, redujeron las ayudas un 63%, condenando a la minería a su desaparición. “Y de eso se acuerdan muy bien los trabajadores mineros, sus familias y los sindicatos. Lo más chocante de todo es que el alcalde del PP de Cangas, José Luís Fontaniella, hubiese callado la boca ante los continuados ataques del PP a la minería desde 2012 y que ahora intente convertirse en el defensor de un sector económico del que nunca lo fue”, apostilló Rodríguez
Manifestó “que será la primera vez que nuestra agrupación enmiende un documento de esta envergadura, y lo haremos en colaboración con el tejido asociativo y empresarial del concejo”. Para Rodríguez, “es vital para Cangas que se permita la posibilidad de estudiar una zona que quede restringida del Parque Natural para permitir una explotación a cielo abierto y garantizar así los puestos de trabajo de la minería, tanto directos como indirectos. Siempre que se respeten los parámetros que exige la Unión Europea”, finalizó.
IU también en contra
José Manuel Martínez, portavoz de IU en el ayuntamiento cangués, ha anunciado que su formación “presentará alegaciones” al Instrumento de Gestión Integrado de los espacios protegidos de Cangas, Degaña e Ibias (IGI), que ha sido redactado por el Principado como sustituto del PRUG anulado por el Supremo. Martínez acusa al alcalde cangués de “total inactividad” a lo largo del último año y le critica que “ahora se rasgue las vestiduras”.
La abogada de los propietarios asegura que no cumple la sentencia del Supremo
La abogada Pilar Martínez, que llevó la demanda de medio centenar de propietarios que desembocó en la anulación del Plan de Uso y Gestión (PRUG) por el Tribunal Supremo asegura que el nuevo proyecto de gestión “ni cumple la sentencia del Supremo, ni se garantiza el derecho de los ciudadanos a la información, ni se convocó la reunión de elaboración del documento”.
El Supremos anuló el PRUG “por falta de participación de los intereses afectados, por falta de zonificación y por falta de presupuesto para las indemnizaciones derivadas de las limitaciones”. Con el nuevo borrador en la mano, señala la abogada “no se cumple ninguna de las exigencias”. Precisamente por ello solicitarán por vía judicial la ejecución de la sentencia, a la vez que están estudiando “exigir responsabilidades personales a quienes firman los documentos y resoluciones ya que incumplir una sentencia de forma deliberada tiene una responsabilidad”.
Martínez también explicó que se ha levantado un acta notarial, ya que se les niega a los interesados acceder a mapas en papel a escala. Explica: “A algunos se les ha respondido que tendrán que esperar varios días y que la copia les puede costar hasta 600 euros”, Esto supone que “no disponen de un elemento esencial para defenderse, que es conocer de qué estamos hablando, para poder hacer alegaciones fundadas”. Asegura también que resulta sorprendente la resolución respecto a la minería y las exigencias para la actividad ganadera, que califica de “barbaridad”
