CANGAS/DEGAÑA.-Aprobado el plan de liquidación de Coto Minero. Un listado señalará los trabajadores que quedan y los que serán despedidos.
Según ha señalado la Agencia EFE, el Juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid ha aprobado el plan de liquidación de la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC). De esta forma, se da luz verde de forma oficial a la posible venta de la empresa a alguna de las tres compañías interesadas en adquirirla. U principal explotación se encuentra en Cerredo (Degaña). El juzgado ha ampliado el plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo 17 de marzo. Un listado señalará los trabajadores que quedan y los que serán despedidos.
Coto Minero Cantábrico perteneció al grupo de empresario leonés Victorino Alonso hasta el pasado mes de julio, cuando la compañía entró en concurso de acreedores voluntario.
En el auto emitido por el magistrado Javier García Marredo se aprueba el plan de liquidación de Coto Minero Cantábrico elaborado por la administración concursal si bien realiza una serie de “matizaciones” que deben ser asumidas en el plan. Uno de los principales cambios que establece el juzgado es que “vista la fecha de aprobación”, el 25 de febrero, y dado que en principio la administración concursal había fijado como límite para presentar ofertas por la empresa el pasado día 28, se decide “extender el plazo hasta el 17 de marzo, como fecha límite para presentar las ofertas en la notaría”. Esta ampliación es compatible con “la posibilidad de prórroga de hasta 15 días más que puede utilizar discrecionalmente la administración concursal, si considera que puede presentarse alguna oferta más”. De todas formas el juez advierte de que no serían posibles más prórrogas.
También se señala quién determinará qué oferta es la más conveniente. En un principio, se dejaba en manos del juzgado, el magistrado, sin embargo, considera que “debe ser la administración concursal la que analizando las diferentes ofertas presentadas debe decidir, teniendo en cuenta los baremos fijados en el plan, la adjudicataria, “asumiendo la responsabilidad que dicha decisión conlleva, y sin necesidad de autorización judicial”. Además, el juez obliga a los administradores a que “antes de decidir el adjudicatario” se deberá “oír a la representación legal de los trabajadores”. El juez admite además una sugerencia sindical de USO, en la que se señala que “si no dificulta en exceso la venta”, se especifique “por medio de listado, los trabajadores concretos que van a continuar en la para un mayor conocimiento de los trabajadores, que sabrán así si continuarán o no” y puedan así “tomar decisiones relevantes en su vida cotidiana”.
