CANGAS DEL NARCEA.-El desprendimiento de la calle Clarín. Ante la llegada de las lluvias se impone el desalojo. El juzgado deberá fijar responsabilidades y distribuir gastos
Como ya habíamos venido señalando en esta página, en el determinar quién o quiénes deben de hacerse gasto de la reparación del desprendimiento que se produjo en la madrugada del 22 de enero, cuando una masa de tierra y rocas se vino abajo desde la calle Santa Bárbara contra cuatro edificios de la calle Clarín, reside todo el meollo de la problemática creada. Aquel mismo día se desalojó el edificio número 11 de la calle, cuyos vecinos aún no han podido regresar. Después, las politiquerías, que no políticas, hicieron actos de presencia
Ahora, los vecinos de los citados portales han decidido acudir a la vía judicial para delimitar las responsabilidades y conocer quién se debe hacer cargo de reparar el citado desprendimiento. Presentarán un pleito civil que probablemente comience en el mes de octubre con el objetivo obligar a los responsables a que reparen y estabilicen el argayo. Claro que antes habrá de delimitar el juzgado quienes son esos responsables.
Un informe de la secretaría municipal del Ayuntamiento cangués insta a ello señalando que se “atienda de forma urgente y con la mayor diligencia a hacer efectivas las órdenes de desalojo de los bienes afectados por el movimiento de tierras”, Según este informe, remitido al gobierno del Principado de Asturias, habría que desalojar a las más de 140 personas que viven en los citados portales, amén de los chalets 32 y 34 de la calle Santa Bárbara. Según recoge la secretaría, los informes aconsejan que se tome esta medida ante el “riesgo inminente que se aprecia por técnicos para seguridad de personas y bienes, en especial cuando comience de nuevo el periodo de lluvias”,
Apunta también que todos los propietarios, los de los chalets y los de los pisos de los edificios, han de recibir una resolución en la que se les ordena solucionar el problema. Esta resolución aún no ha llegado a los vecinos, por lo que el proceso administrativo seguirá alargándose pues volverá a abrirse, de nuevo, un periodo de alegaciones a esas resoluciones.
Lo que sí deja claro el citado informe es que el problema es de índole privada y que los vecinos afectados son los mismos que han de resolverlo, independientemente de que luego puedan repercutir el coste y la responsabilidad sobre el constructor. El Ayuntamiento solo debe intervenir en el caso de que no se iniciaran las obras de arreglo y seguridad del talud por parte de los afectados, pero podría hacerlo efectuando la obra en forma subsidiaria o mediante la aplicación de una multa por el importe de las mismas. En ambos casos, el problema sería delimitar que porcentaje del talud corresponde a cada vecino, algo que no se ha hecho.
Señala también el citado informe que “resulta sorprendente el estado general de los expedientes relacionados con el asunto dado que no consta relación numerada de los expedientes relacionados; la documentación está prácticamente sin foliar en su totalidad; los expedientes aparecen fragmentados, en carpetas distintas, y sin seguridad alguna
El gobierno del Principado de Asturias, por su parte, solicitó este informe, así como otros de intervención y asunto sociales, para poder iniciar la ejecución subsidiaria de las obras. Y esto no sucederá hasta que no estén resueltos los aspectos administrativos del problema que aún están aún en el aire.
José Felix Lobato, abogado de los vecinos de la calle Clarín, explicaba que “desde el año 2003 hay una falta de control clamorosa con esta construcción, y ahí está el fondo y el origen de toda la problemática”. Seguidamente añadía: “Tenemos identificadas a las personas que creemos responsables de ello y vamos a actuar para requerir que se lleven a cabo las actuaciones necesarias”. Sabe que esta demanda civil no evitará que sus clientes sean desalojados, pues es imposible pensar en una resolución anterior a cinco o seis meses desde el inicio del proceso, pero descarta, también, que la solución vaya a venir de alguna administración, sea municipal o regional. «Podemos pedir la ejecución provisional de las obras, pero ya les dije a mis clientes, al inicio del proceso, que perdiesen totalmente la esperanza de que las administraciones se hagan cargo”.
Para Lobato, la solución al problema se redactó en mayo, en un proyecto encargado por el Ayuntamiento de Cangas. “Falta por aclarar quién lo paga, pues la cuantía de las obras se va a los 800.000 euros, según ese mismo proyecto”.
