El sancionado arquitecto municipal de Cangas proclama su inocencia y denuncia la existencia de una trama interna
El arquitecto municipal de Cangas del Narcea, durante más de tres décadas, ha sido sancionado y apartado de su cargo durante dieciocho meses por emitir informes sobre trámites urbanísticos de un socio suyo, algo que, según el gobierno local, no debería haber hecho. En una entrevista concedida a Pepe Rodríguez, de La Nueva España, Piris se defiende y explica su versión de los hechos.
Según Domínguez, los informes realizados a su antiguo socio “no tienen nada que ver con las empresas en las que eran socios, sino que se refieren a obras particulares en las que el aparejador interviene, a título particular e independiente, para vecinos del concejo. Por eso, los trabajos informados, fichas técnicas de dirección y adecuaciones de pequeños locales no son informes a un socio, sino a los propietarios particulares solicitantes, en los que el aparejador interviene como técnico encargado de la dirección de esas obras menores particulares”.
Señala así mismo que “nunca me advirtió nadie” de si era ilegal o no emitir informes sobre proyectos de un socio suyo puntualizando que desde la llegada al Ayuntamiento, hace más de dos años, de la Aparejadora y la Ingeniera Técnica de Obras Públicas, “la práctica totalidad de las obras menores han sido informadas por ellas, limitándome yo, como jefe del Servicio, a respetar y dar el visto bueno a los informes emitidos por ellas. Además, hay siempre una persona que los informa también jurídicamente y esta nunca puso objeción alguna a la relación entre mi socio y yo. De la misma forma, los expedientes fueron supervisados y fiscalizados por el concejal de Urbanismo competente en cada momento y tampoco se hizo salvedad alguna u objeción a esa relación profesional con mi socio, por ellos conocida, como quedó acreditado”.
Aclara también el arquitecto que “si mi empresa hubiera solicitado informe de una licencia, me habría abstenido. Pero ese hecho nunca ocurrió. Las empresas nunca presentaron un proyecto en Cangas del Narcea, como no podía ser. Los informes emitidos los hice a particulares, siempre desde el punto de vista técnico y nunca para la empresa”. Por otr aparte, añade, “mi actividad empresarial fuera del concejo ya era conocida por el alcalde José Manuel Cuervo y los posteriores, sin que nunca se me advirtiera o se me llamara la atención sobre este hecho. Seguramente, de haber pedido la venia se me hubiera permitido informar igualmente por cuanto se trataba de informes de obras menores, interiores, de arreglos de tejados o de edificación auxiliar agropecuaria de menor entidad, sin mayor transcendencia urbanística”. Y termina explicando que “no tengo dedicación exclusiva al Ayuntamiento de Cangas del Narcea, por acuerdo de pleno municipal de 1984, por lo que puedo realizar proyectos fuera de este concejo y tener socios, igual que el resto de los arquitectos municipales del Principado y del territorio nacional. En cuanto a lo de poder informar en este concejo a socios en sus trabajos particulares, es precisamente el objeto de litigio que nos ocupa y por ello debo ahora callar y acatar luego el fallo judicial cuando se produzca, dadas las circunstancias y las peculiaridades que concurren en los hechos específicos cuestionados. No es lo mismo ley que justicia”.
Dominguez Piris afirma con rotundidad que “yo no he beneficiado ni perjudicado a nadie y me he mantenido en la más estricta legalidad, criterio que he mantenido durante más de 31 años. Me hacen parecer culpable de una falta cuando hice lo que tenía que hacer y están retorciendo la norma a su medida con una oculta finalidad, pero lo que han hecho lo tendrán que explicar en su momento y ante quien corresponda. Quieren apartarme de mi función de arquitecto municipal con legalismos de dudosa interpretación.
Y por último apunta a alguien de la propia casa consistorial: “En mi opinión, todo esto es una trama urbanística orquestada con el fin de separar del servicio al funcionario garante de informar a la Corporación, conforme a Reglamento, sobre la disciplina urbanística de aplicación. Sin duda los jueces sabrán desenmascarar a los que, en la sombra, impulsan este despropósito, por no decir este desmán. Sería curioso conocer quién, desde dentro del Ayuntamiento, o alguien valiéndose de éste, filtra a la prensa datos sobre un expediente interno municipal, y del Colegio de Arquitectos por otro lado, y que ha sido puesto en conocimiento público con anterioridad a la sesión plenaria de mayo, infringiendo los derechos personales, profesionales, legales y constitucionales”.
